Lo malo del Gobierno Martinelli en su primer año.

Varios desaciertos se sumaron en el primer año de gestión del Gobierno de Ricardo Martinelli, quien sacó mala nota en temas como la seguridad y la aprobación de leyes anti populares...

En la campaña electoral existía la fórmula perfecta para el problema de inseguridad; pero varios meses después del triunfo, el discurso cambió. Ahora el Presidente pide tiempo para resolverlo.

Con el nuevo Gobierno, los hechos violentos se duplicaron y hasta personas allegadas al Presidente resultaron afectadas. La falta de respuesta colmó a la población que en un acto sin precedentes protestó.

Algo en la estrategia de la administración Martinelli no funcionó. El entonces Ministro de Gobierno y Justicia, ahora de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, manifestaba que ha sido un año difícil y las cosas no serían fáciles.

Para el ex Director de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, las equivocaciones son producto de la improvisación en asuntos tan delicados como la seguridad. Abad reitera que el cambio prometido en materia de seguridad, fue un cambio en reversa.

El sector empresarial también está preocupado. El Presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Rubén Castillo, no duda en que la ola de delincuencia es un factor que puede afectar el buen desempeño económico del país.

Además de la seguridad, el Gobierno también sacó mala nota en la ejecución del presupuesto. El Ministro del Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, dice que no ha sido lo que se esperaba.

Pero hay quienes piensan que la baja ejecución es porque el Presidente se rodeó de gente sin experiencia. El economista Adolfo Quintero, manifiesta que la administración pública es muy diferente a la privada.

El rechazo popular se incrementó a pocos días de culminar el primer año de gestión con las modificaciones a los Códigos de Trabajo, Judicial, Penal y otras seis leyes, entre ellas la ambiental.

También cuestionan al Gobierno, la aprobación a la llamada “ley carcelazo” que restringe las protestas violentas con dos años de prisión.