Estado deberá pagar B/.50,000.00 a un ciudadano por mala administración de justicia.
El Estado panameño ha sido condenado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a pagar el monto de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), por los daños morales causados al señor Irving Rodríguez Molino, a consecuencia del mal funcionamiento del servicio público de la administración de justicia.
La suma deberá ser pagada por medio Ministerio Público, según señala la sentencia de 31 de julio de 2019, dictada por el magistrado sustanciador Abel Augusto Zamorano, por la supuesta actuación negligente, al ocasionar que el señor Rodríguez Molina, detenido provisionalmente, permaneciera en el Centro Penitenciario la Joyita por más de dos años, omitiendo la remisión de una orden de libertad, luego de que el Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal declarara, mediante Auto 317 de 25 de agosto de 2009, la prescripción de la acción penal y el archivo del expediente en el sumario seguido a Rodríguez Molina y otros, por el delito contra el patrimonio económico y la fe pública.
Explica que la sentencia se dictó luego de realizar la evaluación del expediente, la práctica de pruebas periciales psicológicas y psiquiátricas, así como del análisis de las pruebas correspondientes, que determinaron que sí hubo responsabilidad por la prestación defectuosa del servicio público de administración de justicia, y que en esta ocasión, recaía sobre el Ministerio Público, específicamente sobre la Fiscalía Decimocuarta de Circuito, que omitió solicitarle al Director del Centro Penitenciario La Joyita, que filiara al detenido Irving Rodríguez Molino a órdenes del Juzgado Decimoquinto de Circuito, al remitir el expediente, con la correspondiente Vista Fiscal No.224 de 30 de julio de 2009, mediante la cual solicitaba a la Juez de la Causa que se decretara la prescripción de la acción penal.