¿Qué pasó con Sicarelle Holdings y la limpieza hospitalaria?
Durante más de 14 años, una empresa llamada Sicarelle Holdings S.A., ahora Smart Health operó dentro del sistema de salud panameño. Inició como un proveedor de servicios de limpieza y lavandería...
Desde 2011 la empresa recibió contratos del Ministerio de Salud mediante procedimientos que se extendieron a lo largo de los años a través de adendas que evitaban los procesos de licitación. Bajo el argumento no fundamentados, se formalizó una relación privilegiada con la empresa, la cual fue blindada contractualmente sin evaluación pública ni competencia, consolidando un monopolio funcional sobre los servicios de aseo y lavandería en hospitales y hoteles-hospitales a nivel nacional.
Durante la pandemia, esa relación se profundizó. Sicarelle fue contratada para limpiar y desinfectar más de mil habitaciones en hoteles-hospitales, cobrando entre 45 y 50 dólares por día por cada habitación higienizada, sin incluir los costos de alojamiento y consumo eléctrico, que también fueron absorbidos por el Estado. El contrato, además de millonario, otorgaba acceso libre al uso de agua, energía eléctrica, instalaciones públicas y recursos sin que se generaran cargos adicionales. Los pagos al mes, en promedio, superaban el millón de dólares.
Sin embargo, lo más alarmante no fue el monto, sino la calidad del servicio. Investigaciones periodísticas, testimonios de trabajadores y pacientes, y auditorías internas revelaron que Sicarelle instaló lavanderías improvisadas dentro de hospitales, utilizando lavadoras domésticas conectadas a redes públicas. En hospitales como el Aquilino Tejeira, en Penonomé, o el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, los reportes coinciden: ropa contaminada era lavada sin protocolos de bioseguridad, mezclada entre sábanas limpias y sin sistemas de filtrado. La ropa era trasladada en vehículos descubiertos, algunos usados previamente para carga agrícola o transporte de animales.
Lo que parece un simple monto adicional en el papel se traduce en oportunidades perdidas: $300,000 al año equivale a más de 1,500 ventiladores de oxígeno básicos, 4,000 pruebas PCR, o 300 camas hospitalarias móviles. En plena emergencia sanitaria, ese dinero pudo haberse usado para salvar vidas. Pero fue desviado, año tras año, hacia una operación que aparentaba limpiar hospitales, cuando en realidad estaba limpiando fondos públicos bajo una fachada técnica.
