Las grabaciones son legales o ilegales?

Ultimamente lo que esta dando de que hablar, son las últimas grabaciones que se han difundido por Internet, específicamente por las redes sociales. Siendo este el medio de mayor velocidad de propagación para brindar la información hoy en día. En un analisis leido recientemente, definitivamente se debe investigar quien ha estado ordenando o grabando estos audios de manera no autorizadas para ser utilizados en contra de algunas personas del indole politico.

Los comentarios de Ebrahim Asvat nos ilustran un poco acerca de esta situación que se ha estado dando en la politica de Panamá.

La interceptación y grabación de llamadas telefónicas:

Es sorprendente que estemos hablando hoy en día de grabaciones e interceptaciones telefónicas.   Inclusive justificando las mismas o privilegiando su contenido por encima de la garantía constitucional sobre la privacidad de  las mismas.     Es algo similar como darle validez a las confesiones obtenidas bajo tortura o efectos alucinantes inyectados al ciudadano sin considerar la ilegitimidad de la forma como la misma fue obtenida.   La Procuradora General de la Nación fue muy clara al señalar que no podía iniciar una investigación penal fundamentada en una prueba ilegítima.  La ConstituciónNacional en su artículo 29 es extremadamente clara cuando señala que “toda las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas sino por mandato de autoridad judicial”.   La inviolabilidad de las comunicaciones privadas es absoluta y ningún funcionario del Estado o ciudadano puede obtener estas comunicaciones sin que le caiga todo el peso de la ley.    La Corte Suprema de Justicia en ese sentido ha sido muy enfática al señalar que es la única autoridad judicial que puede autorizar la intercepción o grabación de las comunicaciones privadas y sólo cuando existan justificaciones razonables de la comisión de algún delito.  Fuera de esos casos, las comunicaciones obtenidas de forma ilegal no puedes ser utilizadas como pruebas y persiguen penalmente al ciudadano o funcionario que ejecutó tal acción.   Si la presunción es que el Estado está grabando o interceptando las comunicaciones privadas quien no se salvará de las consecuencias penales será el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad.  Es este funcionario el que tendrá que asilarse en otro país o permanecer sometido a la justicia panameña.  Es sorprendente la mediocridad de los funcionarios de gobierno que juegan políticamente con este tipo de acción.   Y todo indica que los idiotizados por el poder creen que logran obtener ventaja política con este tipo de acción.   Es un juego macabro y como bien decía un periodista del patio:  “los carniceros de hoy serán las reses del mañana".  Si no respetamos nuestras propias disposiciones constitucionales y legales y jugamos a la falsa creencia de cualquier ventaja es buena abriremos una caja de pandora para bien y para el mal con consecuencias peores que las esperadas.   Los instrumentos para grabar o interceptar llamadas hoy son mucho más accesibles que nunca.   Si toda la clase política se dedicara a grabar e interceptar llamadas estaríamos violentando nuestra propia Constitución y promoviendo la comisión de actos delictivos.  Todo esto se puede detener si existiese una Procuraduría que se afirmara en su rol de imponer su autoridad investigadora y tribunales dispuestos a hacer pagar las consecuencias de quienes violenten las garantías ciudadanas.  Pues todo este tema no es más que la lucha entre morones e idiotas.

Donde los morones son los que realizan los actos sin medir las consecuencias y los idiotas son los que simplemente entienden lógicamente la situación pero son indiferentes a las consecuencias.